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Sedeculta e Indemaya convocan a especialistas, académicos, legisladores y representantes sociales para analizar la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Yucatán abrió un espacio de análisis y reflexión sobre el futuro de los derechos de las comunidades originarias, mediante dos conversatorios organizados por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).
Los encuentros tuvieron como eje la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que actualmente se encuentra en una etapa de consulta previa, libre e informada en distintas regiones del país.
Las actividades congregaron a especialistas, investigadores, académicos, legisladores, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y estudiosos de los derechos indígenas. Entre los participantes destacó el jurista internacional James Anaya, quien, acompañado por el abogado Héctor Garza, intervino en el análisis de los retos que enfrenta México para garantizar plenamente los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Durante los conversatorios se subrayó la necesidad de que la información relacionada con la propuesta legislativa llegue directamente a las comunidades, de manera que puedan conocer sus alcances y participar con elementos suficientes en el proceso de consulta.
La iniciativa forma parte del procedimiento de consulta nacional impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el que están consideradas comunidades indígenas y afromexicanas de todo México. Para agosto y septiembre están previstas 82 asambleas regionales, cuyos planteamientos serán sistematizados para incorporarlos al proyecto legislativo antes de que sea presentado ante el Congreso de la Unión.
La titular de Sedeculta, Patricia Martín Briceño, explicó que la decisión de realizar estas actividades durante la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas responde a la importancia de generar espacios de diálogo en torno a una discusión que actualmente tiene relevancia nacional.
Señaló que es necesario abordar las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios, así como las garantías relacionadas con sus derechos colectivos y los cambios legislativos que resultan prioritarios.
En tanto, el director del Indemaya, José Feliciano Moo y Can, consideró que el proceso de construcción de una legislación general representa una oportunidad importante para avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Destacó además que Yucatán puede realizar una aportación significativa desde su propia realidad social, cultural y lingüística, particularmente por la presencia de la población maya y la vigencia de su lengua.
Durante su participación, James Anaya resaltó precisamente el papel que tiene Yucatán dentro de la discusión nacional en materia de derechos indígenas, al tratarse de una entidad donde la cultura y la lengua maya mantienen una presencia activa.
Los especialistas coincidieron en que una legislación de alcance general podría favorecer una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y contribuir a fortalecer aspectos como la armonización legislativa, la asignación presupuestal, la representación comunitaria, el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y la consulta previa, libre e informada.
Como parte de la jornada, y con la colaboración de la Casa de los Saberes Jurídicos, también se desarrolló una mesa panel en la que participaron la diputada Neyda Pat Dzul, Gilda Segovia Chab, José Reyes Doria, Pablo Monroy Gómez y Freddy Espadas Sosa, con la moderación de Fidencio Briceño Chel.
En este espacio se discutió la necesidad de que el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas vaya acompañado de mecanismos concretos que permitan garantizar su participación en la toma de decisiones, el acceso a recursos y la protección de su patrimonio cultural.
Las voces participantes coincidieron en que uno de los principales desafíos consiste en llevar la información sobre la propuesta de ley hasta las propias comunidades mayas, para que sus integrantes puedan intervenir en el proceso de consulta de forma libre, previa e informada.
Con estas actividades, Sedeculta e Indemaya refrendaron su intención de contribuir al diálogo público sobre los derechos de los pueblos indígenas y de impulsar la participación de Yucatán en un proceso nacional que podría tener implicaciones relevantes para las comunidades indígenas y afromexicanas de México.
