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El Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), entregó las primeras 130 licencias oficiales a asesoras y asesores inmobiliarios, como parte de la implementación del Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios, una estrategia que busca fortalecer la certeza jurídica en las operaciones de compra y venta de bienes inmuebles, prevenir fraudes y elevar la profesionalización del sector.

Actualmente, el Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios suma 1,272 personas inscritas. De ese total, 638 ya concluyeron las primeras 10 horas de capacitación impartidas por el Insejupy, requisito inicial para obtener la licencia, mientras que 130 ya cuentan con la acreditación oficial para desempeñar actividades de intermediación inmobiliaria conforme a la legislación vigente.

El proceso de certificación contempla un total de 50 horas de capacitación. Diez horas son impartidas directamente por el Insejupy y las 40 restantes deben cursarse con personas físicas o morales certificadas por el Instituto, con el propósito de garantizar una formación especializada y de calidad.

Como parte de este programa de profesionalización, el Insejupy ha realizado cuatro jornadas de capacitación en las que han participado cientos de asesores inmobiliarios. La quinta edición está programada para agosto, con el objetivo de incrementar el número de profesionales certificados en la entidad.

Los cursos son impartidos por notarias, notarios públicos y especialistas en el ramo inmobiliario, quienes abordan temas relacionados con el marco jurídico, la función notarial, los procedimientos registrales, la seguridad jurídica y las mejores prácticas para brindar un servicio responsable y confiable.

La directora general del Insejupy, Dalia Isela Piña Alberto, afirmó que la emisión de estas licencias representa un avance importante para proteger el patrimonio de las familias y de quienes realizan inversiones en Yucatán.

«Con la emisión de estas licencias buscamos desalentar los fraudes inmobiliarios en el estado y profesionalizar la labor de las y los asesores inmobiliarios. Quienes desempeñen esta actividad deben contar con los conocimientos legales necesarios para brindar certeza y confianza a la ciudadanía durante una de las decisiones patrimoniales más importantes de su vida», señaló.

La funcionaria recordó que la legislación vigente establece que ninguna persona puede ejercer actividades de intermediación inmobiliaria sin la licencia expedida por el Insejupy, disposición que busca garantizar transparencia y legalidad en las operaciones de compraventa de inmuebles.

Asimismo, explicó que las y los notarios públicos tienen la obligación de identificar a quienes participaron en la intermediación de una operación inmobiliaria y verificar que cuenten con la licencia correspondiente, como parte del procedimiento para asegurar la legalidad de cada transacción.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad jurídica del patrimonio de las familias yucatecas mediante la capacitación permanente, la regulación del sector inmobiliario y el cumplimiento de la normativa vigente

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