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Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene en sus manos la resolución de uno de los conflictos territoriales más prolongados del país: la disputa por el Punto Put, donde convergen los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
El litigio, que se arrastra desde hace más de tres décadas, será clave para redefinir los límites territoriales en la península de Yucatán y determinar la pertenencia administrativa de miles de habitantes asentados en la zona.
De acuerdo con la controversia constitucional 226/2019, promovida por el gobierno de Yucatán, el conflicto se originó tras una reforma a la Constitución de Quintana Roo que estableció como propios territorios en disputa, particularmente en el vértice conocido como Punto Put.
La resolución de la Corte no solo tendrá implicaciones geográficas, sino también sociales. En la región en conflicto habitan más de 150 comunidades que viven en condiciones de incertidumbre jurídica, con servicios públicos irregulares o duplicados, dependiendo de la intervención de los gobiernos estatales.
En algunos casos, los pobladores reciben apoyos de distintos estados; en otros, carecen de atención institucional, lo que ha generado rezagos en infraestructura, salud y educación.
El Punto Put, ubicado en una zona selvática estratégica, ha sido históricamente objeto de disputas debido a inconsistencias en la delimitación territorial desde el siglo pasado, lo que ha derivado en conflictos políticos y administrativos entre las entidades involucradas.
Especialistas señalan que el fallo de la Suprema Corte podría representar un precedente histórico, al redefinir el mapa del sureste mexicano y establecer con claridad la jurisdicción de una región que durante décadas ha permanecido en el limbo legal.
Mientras tanto, miles de familias continúan a la espera de una decisión que no solo definirá fronteras, sino también su acceso a servicios, seguridad y derechos básicos.
