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Tres personas imputadas por afectar el ecosistema costero en el puerto de Sisal deberán participar durante tres años en la restauración de dunas, como parte de un acuerdo reparatorio avalado recientemente por un juez federal.
La medida fue autorizada en una audiencia de suspensión condicional del proceso, en la que el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal aprobó una salida alterna para Jorge “N”, Felipe “N” y José “N”, señalados por un delito contra la biodiversidad en su modalidad de afectación a especies de flora consideradas amenazadas.
De acuerdo con la resolución, los imputados estarán obligados a reforestar las áreas dañadas mediante jornadas semanales de trabajo, enfocadas en la repoblación con plantas forestales propias de la región. Asimismo, deberán producir y difundir contenidos audiovisuales en redes sociales —propias o de familiares— con mensajes orientados a la concientización sobre el impacto del daño ambiental.
Entre las condiciones impuestas también se encuentra la obligación de mantener su domicilio actual, contar con un empleo lícito y acudir periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) será la instancia encargada de proporcionar los guiones para los materiales de sensibilización.
El caso se originó tras una denuncia presentada en febrero de 2025 por un representante de Profepa ante la Fiscalía Federal en Yucatán, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor).
Como parte de las investigaciones, se obtuvo una orden judicial para inspeccionar la zona de Sisal, misma que fue ejecutada con el respaldo de la Policía Federal Ministerial. Durante la diligencia, las autoridades detectaron la remoción y tala de vegetación en dunas costeras sin contar con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que generó afectaciones a la flora silvestre del área.
Posteriormente, en septiembre de 2025, el fiscal federal presentó los elementos de prueba necesarios para que el juez impusiera medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La resolución se enmarca en los mecanismos de justicia restaurativa, con el objetivo de resarcir el daño causado al entorno natural y fomentar una mayor conciencia social sobre la protección de los ecosistemas costeros.
