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MÉRIDA, Yucatán, 18 de junio de 2026.- Habitantes de las colonias La Guadalupana y Plan de Ayala Sur, junto con ejidatarios de San Antonio Xluch y Nocó, denunciaron presuntas irregularidades y retrasos por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), situación que mantiene en incertidumbre jurídica a más de mil 300 familias que buscan obtener los títulos de propiedad de sus hogares.
Durante una rueda de prensa, los afectados explicaron que ambas colonias se establecieron sobre aproximadamente 74 hectáreas de tierras de uso común pertenecientes al ejido, por lo que desde hace años buscan concretar el proceso de regularización de los predios para brindar certeza legal a quienes habitan en la zona.
Recordaron que el problema se originó cuando Rafael Chan Castañeda, entonces funcionario de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), actualmente INSUS, ofreció de manera particular sus servicios para gestionar la regularización de los terrenos, asegurando contar con información privilegiada derivada de su cargo dentro de la dependencia federal.
De acuerdo con los denunciantes, ejidatarios y colonos confiaron en sus servicios y realizaron pagos que superaron los cinco millones de pesos. Sin embargo, señalaron que el procedimiento presentó errores técnicos y jurídicos que impidieron su inscripción ante el Registro Agrario Nacional.
Los afectados informaron que presentaron denuncias ante la Fiscalía General Anticorrupción contra Rafael Chan Castañeda; no obstante, aseguran que el exfuncionario dejó la dependencia sin recibir sanciones, por lo que sospechan que pudo haber recibido protección por parte de funcionarios del INSUS.
Tras ese episodio, los ejidatarios retomaron las gestiones directamente con el Instituto y solicitaron su incorporación al Programa para la Regularización de Asentamientos Humanos (PRAH) del Gobierno federal. Como parte del proceso, realizaron una asamblea general el 11 de mayo de 2025, en la que aprobaron formalmente iniciar los trámites correspondientes.
No obstante, denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, el INSUS no ha efectuado los trabajos técnicos ni las mediciones topográficas necesarias, tampoco ha avanzado con el procedimiento de expropiación de la superficie involucrada, a pesar de los diversos escritos presentados por el ejido para solicitar información y seguimiento.
Los vecinos responsabilizaron directamente al jefe regional del INSUS, Julio Alfonso Ortegón Espadas, de obstaculizar el avance del expediente y de no proporcionar información clara sobre el estado real del procedimiento.
Entre las inconsistencias detectadas, señalaron que el funcionario argumentó que el expediente permanecía detenido debido a que el Ayuntamiento de Mérida no autorizaba la actualización de un dictamen relacionado con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Sin embargo, tras realizar las consultas correspondientes ante la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, recibieron el oficio DDU/SN/DFUD/1286/2025, en el que se confirma que dicha actualización continúa vigente, que no existe incompatibilidad con el programa municipal y que no hay impedimento para continuar con el procedimiento de regularización conforme a la Ley Agraria.
Los afectados sostuvieron que esta situación evidencia una falta de transparencia por parte de la representación regional del INSUS, ya que, a más de un año de haberse iniciado el trámite para ingresar al PRAH, continúan sin recibir documentación que acredite avances concretos del proceso.
Por ello, exigieron al Instituto Nacional del Suelo Sustentable que inicie de manera inmediata los trabajos de medición de los solares y continúe con los procedimientos de expropiación y regularización. Asimismo, solicitaron la entrega de todos los oficios y documentos que permitan conocer el estado real del expediente.
También pidieron acceso a la documentación relacionada con el presunto procedimiento sancionador que el INSUS habría iniciado contra Rafael Chan Castañeda por las irregularidades denunciadas.
«Lo único que buscamos es certeza jurídica para nuestras familias, obtener los títulos de propiedad de nuestras viviendas y garantizar un patrimonio seguro para nuestros hijos», expresaron los colonos y ejidatarios.
