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En conferencia de prensa convocada por la organización Consejos Mayas y la Fundación Yamsa A.C., habitantes de la comisaría de Dzitnup, encabezados por el comisario Baldomero Poot Moo, expresaron su rechazo a que la administración de los cenotes Xkekén y Samulá regrese al Patronato Cultur.
Los pobladores aseguraron que únicamente 18 personas promovieron la solicitud dirigida al gobernador para devolver la concesión, mismas que —afirman— mantienen vínculos con la empresa que anteriormente operaba los cenotes.
Señalaron que dicha concesión fue retirada por decisión de la propia comunidad, al considerar que no generaba beneficios tangibles para el desarrollo local.
De acuerdo con Poot Moo, desde que un consejo comunitario asumió el control de la taquilla, en menos de cinco meses se han ejecutado diversas obras públicas, entre ellas mejoras en calles, el colado del techo de la escuela del centro, la rehabilitación de los baños de la iglesia y del palacio, además del pintado de su fachada.
“En poco tiempo se han logrado avances que antes no se veían. La empresa aportaba muy poco, incluso no había recursos para medicamentos. Por eso insistimos en que las tierras y los cenotes deben permanecer en manos del pueblo”, subrayó.
Por su parte, la vecina Basilia Cocom Moo indicó que durante 18 años la concesión anterior dejó en el abandono a la comunidad, integrada actualmente por cerca de 1,400 habitantes. Reiteró que no permitirán que un reducido grupo obtenga beneficios, mientras la mayoría permanece excluida.
“No vamos a aceptar que solo unos cuantos se favorezcan. Ellos ya tienen propiedades y vehículos, mientras el pueblo estaba olvidado. Lo único que exigimos es que los cenotes sean administrados por la comunidad”, enfatizó.
En el mismo encuentro, encabezado por Sergio Ozeransky, Federico May Cuytum, representante del Consejo Comunitario de Kinchil, denunció que este jueves se reanudaron trabajos de construcción de naves industriales por parte de una empresa avícola en la zona arqueológica de Tzemé.
Explicó que recibió evidencia en video donde se observa maquinaria pesada realizando labores de nivelación y relleno con material pétreo, con el objetivo de ampliar instalaciones agroindustriales.
Cabe recordar que en octubre pasado una juez federal ordenó la suspensión temporal de estas obras, luego de que se documentaran afectaciones ambientales en al menos 16 hectáreas, así como daños a vestigios arqueológicos.
Según May Cuytum, en la zona se han destruido estructuras como pirámides, un juego de pelota, pozos prehispánicos y numerosos basamentos, sin que hasta ahora se hayan aplicado sanciones. También advirtió sobre la constante contaminación del agua atribuida a granjas porcícolas en la región de Kinchil.
Ante esta situación, los representantes comunitarios solicitaron la intervención de las autoridades para evitar confrontaciones con las empresas involucradas y prevenir posibles actos de violencia.
Asimismo, Sergio Ozeransky informó que el pasado miércoles 29 sostuvieron una reunión con representantes de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Codhey. En el encuentro participaron delegados de seis comunidades con consejos constituidos, quienes expusieron diversos casos de presuntas injusticias que enfrentan, con el objetivo de que estos sean incluidos en informes internacionales y se solicite información a las autoridades correspondientes.
