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MÉRIDA, Yucatán.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura temporal de las obras del complejo inmobiliario «Las Dunas», ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, como parte de un procedimiento de inspección para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y de las condicionantes establecidas en las autorizaciones federales.
La medida se produce luego de varios días de denuncias públicas de habitantes, pescadores, científicos y colectivos ambientalistas, quienes difundieron en redes sociales fotografías y videos en los que se observa maquinaria pesada realizando trabajos sobre la duna costera, lo que generó preocupación por posibles afectaciones al ecosistema, considerado uno de los mejor conservados del litoral yucateco.
Días antes, el Gobierno de Yucatán solicitó formalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Profepa verificar que el desarrollo inmobiliario cumpliera estrictamente con las autorizaciones ambientales y las condicionantes impuestas al proyecto.
De acuerdo con la información oficial, los dictámenes estatales establecen que 45 mil 728 metros cuadrados de humedal costero y 2 mil 880 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre deben permanecer intocados, además de prohibir cualquier afectación al manglar conforme a la NOM-022-SEMARNAT-2003.
El desarrollo inmobiliario, promovido comercialmente como «Las Dunas», ha sido objeto de una intensa controversia. Aunque la publicidad ofrece un complejo de seis torres con departamentos y amenidades, documentos técnicos difundidos por diversos medios señalan que el proyecto originalmente contemplaba un mayor número de edificaciones dentro de un predio de más de 92 mil metros cuadrados.
En redes sociales continúa la movilización ciudadana. El colectivo «Salvemos las Dunas» mantiene una campaña de recolección de firmas y difusión de información para exigir la cancelación definitiva del proyecto, argumentando que la zona constituye un hábitat para diversas especies y una barrera natural que protege a la costa frente a huracanes y fenómenos meteorológicos. También se ha convocado a una manifestación ciudadana para exigir la protección del ecosistema.
La clausura representa un nuevo capítulo en la controversia ambiental que rodea al proyecto. Corresponderá ahora a la Profepa determinar, mediante el procedimiento administrativo en curso, si las obras respetaron las autorizaciones otorgadas y si existen afectaciones ambientales que ameriten sanciones adicionales o la suspensión definitiva de los trabajos.
Imágenes : Redes sociales
