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La seguridad jurídica es un elemento indispensable para fortalecer la confianza de inversionistas, emprendedores y ciudadanos, pero también debe servir para proteger el patrimonio de las personas, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, afirmó el magistrado Hernán Vega Burgos, durante la inauguración del Congreso Nacional de Derecho Inmobiliario Yucatán 2026.
El evento fue encabezado por la directora del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Gobierno del Estado, Dalia Piña Alberto, y reunió a representantes del sector jurídico e inmobiliario para analizar los retos y oportunidades que enfrenta la actividad inmobiliaria en México.
Durante su intervención, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado señaló que el nuevo Poder Judicial tiene el compromiso de ofrecer una justicia que no solo resuelva conflictos, sino que también brinde certeza a quienes invierten, emprenden, adquieren una vivienda o buscan consolidar su patrimonio.
Vega Burgos advirtió sobre los casos en los que personas adultas mayores son víctimas de engaños al firmar pagarés que posteriormente ponen en riesgo sus bienes. Explicó que, en diversas ocasiones, esos documentos corresponden a deudas originadas por la compra de un electrodoméstico y terminan en manos de personas que utilizan estos mecanismos para obtener beneficios ilícitos.
Ante el presidente nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) Colegio de Abogados A.C., José Ángel Santiago Ábrego; el presidente del Capítulo Yucatán, Eduardo Arenas Carrillo, y especialistas del ámbito jurídico, el magistrado destacó que quienes acuden a los tribunales deben encontrar procesos más ágiles, imparciales y eficaces.
Subrayó que el compromiso del Poder Judicial es impartir una justicia cercana, accesible y sensible, que contribuya tanto al desarrollo económico de Yucatán como a la protección de la dignidad y el patrimonio de las personas, particularmente de los sectores más vulnerables.
Por su parte, Dalia Piña Alberto resaltó que el crecimiento económico que registra Yucatán debe ir acompañado de justicia social, con el objetivo de generar bienestar para toda la población.
En tanto, José Ángel Santiago Ábrego afirmó que el sector inmobiliario necesita del respaldo y la experiencia de la comunidad jurídica para enfrentar los riesgos y desafíos propios de una actividad que representa uno de los principales motores del desarrollo económico del país.
