0
0
Mérida, Yucatán, 24 de abril de 2026.- En un espacio de diálogo abierto entre periodistas, defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles, se realizó este viernes el foro “Defender Derechos No es Delito”, con el propósito de analizar la protección de la libertad de expresión y el derecho a la protesta social en Yucatán.
La actividad fue encabezada por la diputada Clara Paola Rosales Montiel, de morena, en coordinación con Amnistía Internacional México, Kanan Derechos Humanos y Somos Periodistas, quienes abordaron la propuesta de reforma al Código Penal del Estado relacionada con la defensa de derechos humanos y la libre manifestación.
Durante su participación, la legisladora señaló que resulta preocupante que en distintos estados del país aún existan figuras legales que pueden ser utilizadas para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, del medio ambiente y del territorio.
Rosales Montiel destacó la necesidad de revisar la legislación estatal junto con colectivos y agrupaciones sociales para fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la libertad de expresión y respaldar causas ciudadanas de alto impacto social.
El abogado y cofundador de Kanan Derechos Humanos, Miguel Anguas, subrayó que también deben revisarse reformas en los ámbitos penal, civil y administrativo, especialmente en lo relacionado con la labor de periodistas y activistas.
Explicó que el derecho a la protesta no debe depender de interpretaciones penales ambiguas y consideró indispensable contar con un Código Civil más claro, así como leyes administrativas que permitan al Estado proteger de mejor manera a quienes defienden derechos humanos.
Por su parte, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional México, recordó que la protesta pacífica está reconocida y protegida por normas internacionales de derechos humanos, además de ser una herramienta legítima para exigir justicia y denunciar abusos.
Señaló que conquistas como la jornada laboral de ocho horas, el derecho al voto de las mujeres y el matrimonio igualitario fueron posibles gracias a movimientos de protesta, al igual que la defensa de derechos ambientales y territoriales.
Rowan Madrid, integrante de la asociación Igualdad Sustantiva Yucatán, afirmó que la protesta se vuelve necesaria cuando los procesos institucionales se retrasan y explicó que la iniciativa impulsada por las organizaciones busca eliminar artículos que podrían ser utilizados para limitar la libre expresión, la libre asociación y la manifestación en espacios públicos.
Indicó que modificar estas disposiciones representa una oportunidad para evitar que la participación ciudadana sea castigada y para asegurar que el Estado mantenga apertura al diálogo.
En tanto, Javier Escalante, integrante de Somos Periodistas, recordó que la eliminación de delitos contra el honor como la injuria, la difamación y la calumnia ha sido una demanda constante del gremio periodístico, respaldada por criterios jurisprudenciales y reformas aplicadas a nivel nacional.
Expuso que retirar estas sanciones del Código Penal, cuando ya existen mecanismos en el Código Civil, ayudaría a prevenir afectaciones morales, económicas e incluso físicas derivadas de procesos penales contra periodistas.
Al foro también asistieron ciudadanos, comunicadores y defensores sociales, quienes compartieron experiencias y puntos de vista sobre la necesidad de garantizar plenamente el derecho a protestar y expresarse sin temor a represalias.
Al cierre del evento, la diputada Clara Paola Rosales Montiel agradeció la participación de las y los asistentes y reiteró la importancia de construir de manera conjunta reformas legales que fortalezcan los derechos fundamentales en Yucatán.
