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En el marco de una movilización nacional, trabajadores del Monte de Piedad realizaron este día un mitin en la sucursal 28, ubicada en la calle 58 por 69 del centro de Mérida, al cumplirse seis meses del estallamiento de su huelga.
La protesta contó con el respaldo de diversos sectores, entre ellos telefonistas, integrantes de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina (CROC), trabajadores del sector educativo y jubilados del IMSS, quienes se sumaron a la exigencia de respeto a los derechos laborales.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad, Javier Méndez Tamayo, señaló que el conflicto principal radica en la asignación de plazas y en el incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo 2024. Denunció que la administración ha realizado designaciones de manera unilateral, sin respetar los mecanismos establecidos.
Explicó que uno de los puntos centrales de la inconformidad es que la antigüedad debería ser el criterio prioritario para ocupar vacantes, especialmente en puestos de “expendedores”, y no evaluaciones de “capacidad” que, afirmó, se aplican de forma arbitraria y fuera de lo pactado.
“El tema no es salarial, sino de legalidad y respeto al contrato colectivo”, subrayó Méndez Tamayo, al precisar que, aunque existe una oferta de incremento del 5.3 por ciento y bonos temporales, esto no resuelve el fondo del problema.
El dirigente también denunció la inexistencia de las comisiones de Escalafón y Capacitación, órganos que deberían garantizar transparencia en los movimientos internos del personal. Asimismo, criticó que los salarios dentro de la institución no son elevados, pues muchos trabajadores perciben apenas el salario mínimo.
En otro señalamiento, Méndez Tamayo cuestionó la falta de auditorías y los altos ingresos de los integrantes del patronato, que —dijo— oscilan entre 3 y 7 millones de pesos anuales. También advirtió sobre posibles conflictos de interés, al señalar la incorporación de perfiles vinculados a la banca privada, como Banco Azteca, dentro de la estructura directiva.
Finalmente, reiteró que el sindicato no aceptará la imposición de mediadores externos y sostuvo que la solución pasa por cumplir con las cláusulas del contrato vigente y recuperar el enfoque social de la institución.
Cabe señalar que en octubre se prevé la revisión tanto del contrato colectivo como del incremento salarial, por lo que el sindicato anticipó que mantendrá su postura hasta que se garantice el respeto a los derechos laborales.
