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MÉRIDA, Yucatán.– Los 14 concesionarios que operan el sistema de transporte Va y Ven advirtieron que el servicio podría suspenderse la próxima semana debido a un adeudo de 189 millones de pesos por parte de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), situación que afecta el pago de combustible, salarios y mantenimiento de las unidades.

Raymundo Vargas León, consejero de la Unión de Camioneros de Yucatán, y David Quintal Medina, presidente de Circuito Metropolitano, acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia urgente con el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Los empresarios señalaron que los pagos presentan un retraso de 45 días y afirmaron que las empresas se encuentran en una situación financiera crítica. Vargas León aseguró que el incremento en el precio del diésel agravó la crisis y que actualmente existen adeudos con proveedores, además de talleres y reservas técnicas paralizadas por falta de recursos.

Por su parte, Quintal Medina sostuvo que la ATY enfrenta problemas de insolvencia y señaló que al cierre de 2025 mantenía compromisos pendientes por 750 millones de pesos. También cuestionó las cifras oficiales sobre el número de usuarios del sistema, al asegurar que diariamente utilizan el servicio más de 450 mil pasajeros y no los 110 mil reportados oficialmente.

Los concesionarios indicaron además que la tarifa de 31 pesos por kilómetro recorrido no ha sido actualizada desde hace casi cuatro años, pese al incremento en costos operativos y prestaciones laborales.

De no resolverse el conflicto, alrededor de 370 mil usuarios diarios podrían verse afectados en 105 rutas operadas por 550 autobuses pertenecientes a 14 empresas concesionarias.

GOBIERNO DESCARTA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Tras reunirse con los transportistas, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político, Pablo Castro Alcocer, aseguró que el Gobierno del Estado trabaja en una solución inmediata y descartó cualquier suspensión o modificación del sistema Va y Ven.

El funcionario reiteró que la administración estatal mantendrá la tarifa social y que buscará mecanismos financieros para atender las diferencias técnicas sin afectar la economía de los usuarios.

Más tarde, mediante un comunicado oficial, la ATY reafirmó su disposición al diálogo y anunció que la próxima semana se instalará una Junta Directiva derivada de la reciente reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán, organismo que analizará y definirá las estrategias relacionadas con el nuevo modelo financiero del sistema

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