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En un paso clave hacia la justicia laboral y la sostenibilidad, el Senado de la República aprobó una reforma integral que obligará a las empresas del sector agroexportador a cumplir estrictamente con los derechos laborales y estándares ambientales para poder comercializar sus productos en el extranjero.
La senadora Verónica Camino Farjat, integrante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y vicepresidenta de la Mesa Directiva, destacó que esta modificación legal representa un cambio estructural en un sector históricamente marcado por la informalidad, la precariedad laboral y la falta de prestaciones.
Uno de los elementos centrales de la reforma es la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación, instrumento que funcionará como requisito obligatorio para las empresas que deseen participar en mercados internacionales.
Este mecanismo garantizará que los trabajadores cuenten con seguridad social y prestaciones de ley, en un contexto donde se estima que cerca del 80% de la base productiva opera en condiciones de informalidad.
Camino Farjat subrayó que factores como la temporalidad de las cosechas y la débil regulación han dejado durante años a millones de trabajadores sin acceso a servicios de salud, pensiones ni condiciones laborales dignas.
La legisladora señaló que esta reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la calificó como un acto de justicia para quienes sostienen la producción alimentaria del país.
Además, se otorgaron facultades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para emitir, supervisar y garantizar el cumplimiento de dichas certificaciones, asegurando que las empresas acrediten de manera comprobable el respeto a sus obligaciones patronales.
La reforma también incorpora modificaciones a la Ley de Comercio Exterior, estableciendo que las actividades agroalimentarias deberán apegarse a criterios de sostenibilidad ambiental. El objetivo, explicó la senadora, es evitar que el crecimiento de las exportaciones incentive la deforestación o el deterioro de los ecosistemas.
“Se busca que la competitividad del país no se base en la explotación laboral ni en el daño ambiental, sino en prácticas responsables alineadas con estándares internacionales”, puntualizó.
Con esta aprobación, el Estado mexicano asume un papel más activo en la vigilancia del sector agroexportador, promoviendo un modelo que combine desarrollo económico, respeto a los derechos humanos y protección del medio ambiente.
