0
0
Más de dos mil mujeres yucatecas han recibido asesoría, talleres y apoyo en trámites legales a través de las Caravanas para Mujeres en la Propiedad Social, estrategia nacional implementada en coordinación con el Gobierno del Estado y autoridades federales y municipales, que busca garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra y fortalecer la autonomía económica femenina en el campo.
En recientes jornadas realizadas en las cabeceras municipales de Tizimín y Peto, mujeres de las regiones oriente y sur participaron en actividades de orientación sobre derechos agrarios, asesoría jurídica, atención médica y talleres comunitarios enfocados en el liderazgo y la organización productiva.
La iniciativa cuenta con la participación de instancias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN), que acercaron servicios como la gestión de documentos agrarios, listas de sucesión y la regularización en la tenencia de la tierra. En Peto, además, se entregaron Certificados de Derechos Ejidales y Cartillas de Derechos de las Mujeres, atendiendo solicitudes específicas de las beneficiarias.
En representación de la Sedatu, Gabriela Rangel Faz, directora general para la Igualdad de Género en la Propiedad Social, informó que la meta nacional es garantizar certeza jurídica a 250 mil mujeres mediante atención especializada en materia agraria.
Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Sisely Burgos Cano, subrayó la importancia del papel de las mujeres en la vida productiva y comunitaria del campo yucateco, destacando que aún enfrentan retos para que su trabajo sea plenamente reconocido.
Burgos Cano puntualizó que, gracias a las caravanas, mujeres viudas, hijas o nietas de ejidatarios pueden acceder a orientación y ser canalizadas hacia las instancias federales correspondientes para obtener el reconocimiento de sus derechos.
Con estas acciones, el gobierno encabezado por Joaquín Díaz Mena, a través del Renacimiento Maya, impulsa un campo más equitativo e incluyente, donde las mujeres tengan seguridad jurídica, participación plena y acceso efectivo a la propiedad social.
