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Mérida, Yucatán, 14 de agosto de 2035.– La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) continúa sin transparentar el manejo de sus recursos financieros, ya que, a tres meses de la aparición de 1.6 millones de pesos en efectivo en un cajón de sus oficinas, aún se desconoce su destino o si existe alguna investigación judicial en curso.
La dependencia, encargada de la movilidad en el estado, mantiene opacidad en la información referente a sus recursos. En su reciente informe, el apartado de “caja efectivo” reporta únicamente 20 mil pesos generados en el tercer trimestre del año, sin mención alguna del hallazgo millonario realizado el pasado 1 de mayo.
Hace una semana, el coordinador de la bancada ciudadana en el Congreso del Estado, Javier Osante Solís, cuestionó el incumplimiento de la ATY en la presentación de su informe trimestral, cuyo plazo máximo venció el 31 de julio. Según el legislador, este retraso incumple el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los entes públicos a publicar sus informes trimestrales en sus portales de transparencia.
Tras el señalamiento, la ATY entregó el informe, pero de forma incompleta.
“El primero de mayo aparecieron alrededor de 1.6 millones de pesos en cajones de las oficinas de la ATY. Ese dinero, decían, era producto de las ventas de tarjetas, por lo cual debieron plasmarlo en el apartado de efectivo. Pero, según el informe, solo reportaron 20 mil pesos. ¿Entonces qué pasó?”, cuestionó Osante Solís.
El legislador pidió claridad sobre el procedimiento seguido con el dinero encontrado y cuál ha sido su destino, señalando que no se ha informado si existe una denuncia formal ni su estatus.
Recordó que, en el Presupuesto de Egresos 2025, aprobado por el Congreso del Estado, se asignaron 2,454 millones de pesos a la ATY; mientras que en la Ley de Ingresos se proyectó una recaudación de 1,600 millones de pesos por parte de la dependencia, siendo la diferencia cubierta con subsidios del Gobierno del Estado.
“Las preguntas son: ¿dónde quedaron los 1.6 millones de pesos producto de la recaudación de las tarjetas para el transporte?, ¿por qué no los reflejaron en el informe trimestral? ¿Será acaso un show mediático o sí hay una denuncia?”, insistió Osante Solís.
Finalmente, subrayó que la transparencia es una obligación legal y moral:
“La transparencia no es un favor, es una obligación. Seguiremos exigiendo que se rindan cuentas claras a la ciudadanía”.
