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MÉXICO — El 2 de octubre de 1968 volvió a llenarse de memoria y protesta. A 57 años de la represión en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, organizaciones civiles y estudiantiles convocaron a marchas y actos conmemorativos para exigir la verdad sobre los hechos y el castigo a los responsables del que hoy es recordado como un crimen de Estado.
Esa tarde de 1968, un mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH) fue atacado por fuerzas del Estado: el Ejército Mexicano y miembros del grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia dispararon contra los asistentes, entre los que había estudiantes, maestros, familiares y vecinos. El número real de muertos y desaparecidos sigue siendo objeto de controversia debido a la censura y los ocultamientos oficiales de la época, aunque diversas investigaciones y organismos han estimado que las víctimas mortales se cuentan por cientos.
En la construcción de responsabilidades aparecen nombres y cargos del aparato de Estado de entonces. Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de la República (1964–1970) y figuras como Luis Echeverría —secretario de Gobernación en 1968 y luego presidente (1970–1976)— han sido señaladas en investigaciones y procesos jurídicos por su presunta responsabilidad política y de mando en la represión. A lo largo de décadas estos señalamientos se han traducido en denuncias públicas, juicios y solicitudes de esclarecimiento.
Entre los perseguidos, detenidos y desaparecidos figuran dirigentes y militantes del movimiento estudiantil. Raúl Álvarez Garín, quien representó al Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el CNH, desapareció tras la masacre, fue detenido y posteriormente encarcelado; años después participó activamente en la demanda de justicia por el 2 de octubre. Su caso es ejemplo de cómo muchos participantes del movimiento fueron criminalizados y enjuiciados.
Organismos, archivos y trabajos académicos han documentado la actuación de agentes estatales y responsabilidades concretas. Investigaciones históricas, archivos desclasificados y documentos judiciales han permitido identificar estructuras y nombres implicados en la represión; por ejemplo, estudios y compilaciones sobre responsables como Luis Gutiérrez Oropeza y otros actores del aparato de seguridad han sido recogidos en archivos y publicaciones especializadas. El reclamo público ha sido constante: “los culpables tienen nombre y apellido”, reza uno de los análisis que recopila evidencias y testimonios.
Hoy, las conmemoraciones no solo rememoran lo ocurrido en 1968 sino que articulan demandas actuales: acceso a la verdad, castigo a los responsables, reparación y garantías de no repetición. El Comité 68 Pro Libertades Democráticas, heredero de la lucha por la memoria, ha convocado año con año a movilizaciones desde la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo para mantener viva la exigencia de justicia. En redes sociales —con hashtags como #2OctubreNoSeOlvida y #2Octubre68— se multiplican testimonios, fotografías de archivo y llamados a la movilización.
La conmemoración de este 2 de octubre de 2025 incluyó mesas informativas, lectura de nombres de las víctimas, ofrendas y una marcha que partió desde Tlatelolco. Organizaciones de derechos humanos, colectivos estudiantiles y familiares de las víctimas exigieron que las instituciones continúen con la búsqueda de la verdad histórica completa y la resolución de las responsabilidades pendientes. Aun cuando han existido avances —como algunos procesos judiciales y la creación de mecanismos oficiales de investigación— la percepción mayoritaria entre víctimas y colectivos es que la justicia sigue siendo incompleta.
