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El máximo tribunal desechó la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento; el fallo avala las modificaciones al artículo 46 sobre valores catastrales.
Mérida, Yucatán, 24 de septiembre de 2025.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes 23 de septiembre a favor del Congreso del Estado de Yucatán en el juicio constitucional relacionado con la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, desestimando por mayoría de 7 votos contra 2 la Controversia Constitucional 11/2025 presentada por el Ayuntamiento meridano.
El asunto se centraba en el Decreto 29/2024, publicado el 30 de diciembre de 2024, mediante el cual la LXIV Legislatura modificó el artículo 46 de la Ley de Hacienda municipal, que establece las tablas de valores catastrales utilizadas para calcular el impuesto predial.
Durante la discusión de los paquetes fiscales de 2025, la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, así como el Pleno del Congreso local, decidieron apartarse parcialmente de la propuesta del Ayuntamiento. El dictamen, aprobado con el respaldo de legisladoras y legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), y con los votos en contra de las bancadas del PAN y PRI, mantuvo únicamente el ajuste a los condominios verticales de más de cuatro niveles, excluyendo el incremento generalizado en los valores catastrales planteado por el municipio.
El Congreso argumentó que esta determinación respondía a la necesidad de equilibrar el desarrollo urbano y evitar cargas desproporcionadas para las familias de menores ingresos, sustentando la decisión con una motivación reforzada.
Ante ello, el 10 de febrero de 2025 el Ayuntamiento interpuso la controversia constitucional contra el Congreso, misma que fue notificada al Poder Legislativo el 14 de marzo. Posteriormente, la Legislatura entregó su informe de defensa el 8 de mayo.
Finalmente, el Pleno de la SCJN concluyó que los argumentos expuestos por el Congreso resultaban suficientes y apegados a derecho, validando así las modificaciones realizadas.
Con este fallo, el Congreso del Estado afirmó que cumple con su mandato constitucional de legislar con perspectiva de justicia social, protegiendo a los sectores más vulnerables frente a los impactos económicos derivados del crecimiento urbano.
