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Con la finalidad de reforzar de manera estructural la protección de las garantías fundamentales en la entidad, el diputado local Gaspar Quintal Parra, presidente del PRI en Yucatán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con el propósito de robustecer el mecanismo no jurisdiccional y asegurar resultados concretos para la ciudadanía.
El legislador explicó que la Comisión de Derechos Humanos no actúa como tribunal ni tiene facultades sancionadoras; sin embargo, subrayó que su relevancia radica en la capacidad de investigar, emitir señalamientos, formular recomendaciones y acompañar a las personas cuando alguna autoridad incurre en violaciones a derechos fundamentales.
“La autonomía no se mantiene por sí sola; se legitima con resultados, con profesionalización y con rendición de cuentas. Si fortalecemos la Comisión, fortalecemos a las personas frente al poder público”, expresó Quintal Parra.
La propuesta retoma las conclusiones del trabajo académico titulado “Fortalecimiento del Mecanismo No Jurisdiccional en Yucatán”, elaborado en 2024 por los estudiantes Gerardo Castro Mendoza (UADY), Aranza Liz Rodríguez Cervera (Marista) y Susan Guadalupe Maldonado Carrillo (Universidad del Sur), bajo la asesoría del profesor Víctor Ávila Gil.
El diputado destacó la seriedad del análisis realizado por los universitarios, al señalar que desde la academia y la juventud surgen planteamientos viables para modernizar las instituciones públicas. “Este trabajo demuestra que en la juventud y en la academia existen propuestas serias para transformar instituciones. Hoy esa visión se materializa en una reforma estructural”, afirmó.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra el fortalecimiento del seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión, estableciendo procedimientos claros que garanticen su cumplimiento y eviten que queden únicamente como pronunciamientos formales.
Asimismo, plantea la creación de una Unidad de Atención a Víctimas dentro de la ley, destinada a ofrecer acompañamiento especializado con enfoque de derechos humanos cuando la vulneración provenga de una autoridad, asegurando respaldo integral a las personas afectadas.
La propuesta también contempla fijar plazos máximos para la emisión de recomendaciones en casos graves, con el objetivo de evitar retrasos que afecten el derecho a una respuesta oportuna; instaurar un Servicio Profesional de Carrera que garantice personal capacitado y evaluado; y reforzar los informes anuales mediante indicadores claros y medibles que permitan evaluar no solo el número de quejas, sino su origen, las autoridades involucradas y el impacto real de las resoluciones.
Además, se propone incorporar mecanismos alternativos de solución de conflictos en aquellos casos donde proceda, privilegiando salidas ágiles y humanas, siempre que no se trate de violaciones graves.
Gaspar Quintal sostuvo que la autonomía de los organismos constitucionales debe traducirse en resultados verificables para la sociedad. “La defensa de los derechos humanos no puede quedar sujeta a tiempos indefinidos ni a procesos sin seguimiento. Si los derechos humanos funcionan, funciona la democracia y funciona Yucatán”, concluyó.
Con esta iniciativa, el PRI Yucatán reiteró su compromiso de fortalecer las instituciones, consolidar la rendición de cuentas y garantizar una protección más efectiva de los derechos fundamentales en el estado.
