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Mérida, Yucatán, 04 de marzo de 2026.– La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado llamó a reforzar la aplicación de la Ley de Imagen Institucional, vigente desde 2020, y a establecer sanciones concretas para frenar el uso indebido de recursos públicos en cambios de identidad visual gubernamental.
A seis años de su aprobación, la normativa no se ha implementado de manera integral, situación que —señalan— ha permitido que con cada nueva administración se destinen recursos para modificar colores, logotipos y estilos en edificios y espacios públicos.
El diputado Javier Osante Solís advirtió que esta práctica se ha convertido en un “gasto cosmético” que resulta innecesario y oneroso, ya que implica volver a pintar fachadas de oficinas, complejos deportivos, escuelas y otros inmuebles públicos únicamente para reflejar la imagen institucional del gobierno en turno.
“La competencia de colores y el despilfarro de recursos para pintar edificios públicos es una lucha infantil y costosa por apropiarse simbólicamente de los espacios públicos”, expresó el legislador.
Desde Movimiento Ciudadano, explicó, se considera que este tipo de erogaciones afectan directamente a la ciudadanía, pues recursos que podrían canalizarse a infraestructura o servicios prioritarios terminan utilizándose en acciones con tintes propagandísticos.
Osante Solís recordó que la Ley de Imagen Institucional fue creada precisamente para evitar este tipo de gastos y establece que la imagen en obras públicas y edificios gubernamentales debe apegarse a colores neutros, como blanco, negro y tonalidades en escala de grises, con el propósito de impedir el uso partidista de los espacios públicos y fomentar la austeridad en el gasto.
El legislador propuso dotar a la ley de mecanismos sancionatorios efectivos contra quienes la incumplan, incluso contemplando que estos actos puedan tipificarse como hechos de corrupción, con penas que irían de seis a doce meses de prisión, además de multas económicas.
“Demostremos que en este Congreso no se legisla por el color de la camiseta, sino por el bolsillo de las yucatecas y los yucatecos. Démosle a esta ley la capacidad sancionatoria real que necesita”, concluyó.
