0
0
“Seguimos considerando un grave riesgo que los sujetos obligados sean, a su vez, órganos garantes”: Gaspar Quintal
MÉRIDA, YUCATÁN.— Con el objetivo de cumplir con el Estado de Derecho y armonizar la Constitución local con la federal, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó los dictámenes en materia de transparencia y simplificación administrativa. Durante la sesión, la Fracción Legislativa del PRI hizo un enérgico llamado a que se garantice la voluntad política necesaria para proteger el derecho de la ciudadanía yucateca a la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
El coordinador de la bancada priista, Gaspar Quintal Parra, explicó desde tribuna que el dictamen implica la extinción del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), como parte del proceso de homologación legal con los lineamientos federales.
“Estamos ciertos de que, en un Estado de Derecho, no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo con la ley, sino de cumplirla y hacerla valer”, expresó el legislador, quien subrayó que es deber de las y los diputados proteger los derechos ciudadanos y dotar a la sociedad de herramientas eficaces para ejercerlos.
Durante su participación, Quintal Parra señaló que no se puede confiar exclusivamente en la voluntad de los gobernantes cuando se trata de rendición de cuentas. “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Solamente con mecanismos eficaces e independientes podremos asegurar la honestidad del gobierno”, afirmó, citando al abogado John Ackerman.
Asimismo, recordó que el profesor Ariel Avilés Marín, quien recibió la Medalla “Héctor Victoria Aguilar” otorgada por el actual Congreso, defendió férreamente la autonomía constitucional del Inaip cuando presidió el organismo a finales de la década de 2010.
Por todo lo anterior, el diputado priista exhortó a que los nuevos mecanismos establecidos en la nueva normativa realmente funcionen para garantizar el derecho a la información. Sin embargo, advirtió sobre una preocupación persistente: “Seguimos considerando un grave riesgo que los sujetos obligados sean, a su vez, órganos garantes”.
La postura del PRI refleja una defensa crítica de los principios democráticos de transparencia, en medio de un proceso de transformación institucional que ha generado preocupación entre diversos sectores ciudadanos y actores políticos.
