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Mérida, Yucatán, 12 de agosto de 2025.- El diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, lamentó que el dictamen de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Yucatán haya dejado fuera la oportunidad de fortalecer y dignificar a los jueces y juezas de paz, quienes son el primer contacto con la justicia para las comunidades indígenas del estado.
Durante su intervención en la tribuna del Congreso del Estado, el legislador recordó que su voto fue en contra del dictamen, aunque en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública presentó propuestas orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia del sistema judicial.
Quintal Parra reiteró que el PRI se opone a la elección popular de magistradas y magistrados, por lo que no respaldó la reforma a las leyes secundarias de la Reforma Judicial. Sin embargo, expresó especial preocupación porque los jueces y juezas de paz seguirán sin certeza en el pago de sus sueldos.
El priísta señaló que, aunque el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce a estas figuras, actualmente su remuneración depende de los presupuestos de los ayuntamientos, sin un tabulador que garantice pagos uniformes. Esto, advirtió, genera riesgos de desvío de recursos, falta de certeza jurídica y vulnerabilidad en su independencia.
Propuso que se incluyera en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial una partida específica para pagar sueldos y salarios de manera homogénea, pero dicha iniciativa no fue considerada por la mayoría oficialista.
“Los jueces y las juezas de paz representan el primer contacto de muchas comunidades con la justicia, siendo un pilar fundamental para la resolución de conflictos cotidianos y la preservación de la paz social. Su cercanía con la ciudadanía y conocimiento de la realidad local los convierte en actores clave para garantizar el acceso efectivo a la justicia”, expresó.
El legislador también propuso otorgar al Tribunal de Disciplina Judicial facultades para vigilar la actuación de magistradas y magistrados, incluyendo la investigación y sanción de responsabilidades administrativas que no impliquen destitución.
Finalmente, sostuvo que, aunque el dictamen es congruente con la Reforma Constitucional del Poder Judicial, el PRI seguirá rechazándola en sus términos actuales, pero continuará presentando propuestas para fortalecer las instituciones y garantizar un verdadero acceso a la justicia en Yucatán.
