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El diputado priista Gaspar Quintal Parra cuestionó severamente la reciente Reforma Laboral aprobada por la mayoría oficialista, al considerarla una medida precipitada que no contempla mecanismos claros para su aplicación y que podría afectar la estabilidad económica en Yucatán.
Si bien reconoció que la propuesta de establecer una jornada de cinco días laborales con dos de descanso responde a una demanda legítima de las y los trabajadores, el también presidente estatal del PRI afirmó que la iniciativa fue aprobada sin escuchar de manera suficiente a especialistas, sindicatos y sectores productivos que solicitaban una implementación gradual.
De acuerdo con el legislador, la minuta carece de incentivos fiscales y esquemas de acompañamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), lo que podría traducirse en mayores cargas financieras por la necesidad de contratar más personal o cubrir horas extraordinarias.
“Las empresas podrían enfrentar costos que no están en condiciones de absorber, y no se establecieron apoyos que amortigüen el impacto. No se puede legislar ignorando la realidad económica de millones de familias”, expresó.
Quintal Parra advirtió además que la reducción de la jornada laboral no debe abrir espacio a prácticas de simulación o abuso, por lo que planteó que cualquier esquema de horas extra sea estrictamente voluntario, debidamente registrado y supervisado por las autoridades correspondientes.
En materia de protección a menores, el diputado señaló que la prohibición de horas extraordinarias para adolescentes menores de 18 años resulta insuficiente si no se acompaña de una estrategia integral contra el trabajo infantil, que incluya inspecciones laborales efectivas, permanencia escolar y apoyos dirigidos a las familias.
El dirigente priista sostuvo que el voto en contra de su bancada responde a una postura de responsabilidad y no de confrontación política, al considerar que la reforma requiere mayor análisis y ajustes para equilibrar la justicia laboral con la viabilidad económica.
“Legislar con responsabilidad implica construir reformas sólidas y aplicables, no decisiones apresuradas. México y Yucatán necesitan cambios bien estructurados que garanticen derechos sin poner en riesgo la estabilidad”, concluyó.
