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Un presunto caso de desvío de recursos públicos ha generado indignación en el municipio de Tekantó, Yucatán, luego de que el pasado 17 de enero de 2026 la actual administración municipal presentara una denuncia formal contra quien resulte responsable, con el objetivos de esclarecer el paradero de varios millones de pesos que no cuentan con respaldo documental.
Según la denuncia interpuesta, las irregularidades se habrían registrado durante el periodo en que Marvin Carrillo se desempeñó como presidente municipal, a quien se señala como posible responsable del manejo inadecuado de los recursos del Ayuntamiento.
Entre las principales anomalías detectadas se encuentra el pago de nóminas en efectivo por varios miles de pesos, sin que existan recibos firmados ni comprobantes fiscales que acrediten la identidad de los supuestos trabajadores, lo que impide comprobar la legalidad de dichos pagos.
De igual forma, se reportaron transferencias bancarias superiores a los 200 mil pesos a presuntos proveedores de insumos eléctricos, electrónicos y artículos de limpieza, sin que existan solicitudes de compra, órdenes de pago o evidencia física de la recepción de los materiales, lo que dificulta rastrear el destino del dinero.
A estos señalamientos se suman pagos irregulares por concepto de combustible y alimentos, por montos mayores a los 100 mil pesos, realizados sin bitácoras ni controles administrativos, desconociéndose qué vehículos fueron cargados o quiénes consumieron los productos adquiridos con recursos públicos.
Pese a los requerimientos realizados desde el año 2024, el ex presidente municipal Marvin Carrillo no habría entregado documentación alguna que justifique el uso de los recursos observados, manteniendo una postura de silencio ante las observaciones.
Ante esta situación, la actual alcaldesa de Tekantó, Flory Grisel Cen Balam, presentó la denuncia correspondiente y entregó a las autoridades competentes toda la información disponible, con el objetivo de que se investigue y se determinen responsabilidades conforme a la ley.
Asimismo, se informó que las irregularidades ya fueron identificadas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, instancia que mantiene abierto el procedimiento de fiscalización, mientras que la Fiscalía continúa con las indagatorias para deslindar posibles responsabilidades administrativas y penales.
