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Ante los señalamientos del Ejecutivo estatal por la no aprobación de su solicitud de endeudamiento, el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, afirmó que el Congreso del Estado tiene la obligación de actuar como garante de la estabilidad financiera de Yucatán y no como una instancia que avale trámites sin sustento técnico ni legal.
El legislador sostuvo que la decisión no responde a intereses políticos, sino al estricto cumplimiento de la ley. Explicó que la propuesta de endeudamiento enviada por la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Deuda Pública del Estado.
“No es una negativa por consigna, es una exigencia de claridad y responsabilidad. El dinero público debe manejarse con total transparencia y cualquier crédito que comprometa el futuro de las y los yucatecos tiene que estar plenamente justificado, peso por peso y obra por obra. Lo que se envió fue una intención, no un proyecto técnico sólido”, puntualizó Quintal Parra.
Detalló que el documento presentado incurrió en omisiones relevantes, ya que la normativa prohíbe la contratación de deuda mediante recursos globales sin etiquetar. Señaló que la solicitud no precisó la ubicación ni los conceptos específicos de las obras, lo que dejaría a discreción del Ejecutivo el uso de los recursos y afectaría la transparencia en su aplicación.
Asimismo, subrayó que toda deuda pública debe traducirse en beneficios económicos o sociales medibles, condición que no se cumplió, pues la propuesta carecía de indicadores que demostraran un impacto real en el patrimonio público o en el bienestar social de la población.
El diputado agregó que tampoco se presentó una vinculación clara con las partidas del Presupuesto de Egresos vigente, ni un análisis de sensibilidad que evaluara la capacidad de pago del Estado ante el contexto actual de las tasas de interés.
Quintal Parra recalcó que la ruta para una eventual aprobación está definida en la ley y no depende de acuerdos políticos, sino de un manejo administrativo responsable. Indicó que una solicitud viable debe incluir cédulas de proyecto completas, con la identificación precisa de cada obra, su costo estimado y su impacto regional; un análisis de sostenibilidad que garantice que el servicio de la deuda no comprometerá la operación gubernamental en los próximos años; y mecanismos de transparencia preventiva, como el registro ante la SHCP y la publicación de cronogramas físicos y financieros.
Finalmente, el legislador priista sostuvo que la disciplina financiera es una obligación de gobierno. “Si el Ejecutivo presenta una propuesta que cumpla con el marco legal y demuestre con claridad el beneficio para Yucatán, encontrará una postura constructiva en el Congreso. Pero no se aprobarán deudas sin destino claro, sin rostro y sin sustento legal”, concluyó.
