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El Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad un dictamen que modifica el Código Penal estatal con el objetivo de fortalecer las acciones a favor de las víctimas de incumplimiento en el pago de pensión alimentaria y asegurar una reparación integral del daño económico.
La reforma establece que, al resolverse estos casos, la reparación del daño deberá incluir no solo el pago de los alimentos vencidos, sino también los gastos que la persona afectada haya tenido que cubrir durante el proceso, como deudas adquiridas, asesoría jurídica particular y cualquier otro desembolso realizado para garantizar la manutención de las y los menores. Asimismo, la acción penal únicamente podrá extinguirse cuando exista certeza por parte de la representación social o de la autoridad judicial de que el daño ha sido reparado de manera total.
El diputado de Morena, Wilmer Monforte Marfil, autor de la iniciativa, señaló que esta reforma fortalece el derecho de niñas y niños a recibir alimentos y el derecho de las madres a acceder a una justicia efectiva.
El legislador subrayó que muchas mujeres han enfrentado largos procesos legales para exigir una obligación que debería cumplirse de manera inmediata y responsable, sin que anteriormente se reconocieran todos los gastos generados durante el litigio. Con la reforma, afirmó, se pone fin a esa situación, ya que no podrá extinguirse la acción penal hasta que se garantice la reparación integral del daño.
Por su parte, el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, expresó su respaldo a la modificación legislativa al considerar que fortalece el marco jurídico para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Durante la misma sesión legislativa también se aprobó un dictamen para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando principios como la libertad económica, la interseccionalidad, la interculturalidad, el enfoque diferencial y la debida diligencia.
Al respecto, la diputada de Morena, Naomi Peniche López, señaló que las medidas de protección no deben limitarse únicamente a salvaguardar la integridad física y psicológica de las víctimas, sino que también deben promover su autonomía económica y considerar las distintas formas de discriminación y violencia que enfrentan las mujeres. En este planteamiento coincidió la diputada del PAN, Ana Cristina Polanco Bautista.
En materia de salud, el pleno aprobó reformas a la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad, con el propósito de prohibir la venta, distribución y publicidad de alimentos ultraprocesados en las escuelas.
El diputado de Morena, José Julián Bustillos Medina, explicó que estas modificaciones buscan sustituir alimentos dañinos por opciones nutritivas, impulsar el consumo de productos regionales y fortalecer la economía comunitaria, además de revisar lo que se vende en las cooperativas escolares y lo que se enseña en las aulas sobre nutrición.
Durante la sesión también se presentaron nuevas iniciativas. El diputado de Morena, Eric Quijano González, y la diputada del PAN, Manuela Cocom Bolio, propusieron proyectos relacionados con la promoción de la masculinidad responsable y acciones contra la discriminación hacia personas transgénero.
En el apartado de Asuntos Varios intervinieron las diputadas y el diputado de Morena Alba Cob Cortés, Claudia Estefanía Baeza Martínez y Bayardo Ojeda Marrufo; el diputado del PRI Gaspar Quintal Parra; y la diputada de Movimiento Ciudadano Larissa Acosta Escalante, quienes abordaron temas como la atención a los Centros Libres contra la violencia, el combate al hostigamiento y acoso sexual contra las mujeres, así como el servicio de agua potable en Mérida.
