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La Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un proyecto de dictamen que integra cinco iniciativas para reformar la Ley de Educación del Estado de Yucatán, con medidas enfocadas en la prevención y atención de la violencia escolar, salud mental, acompañamiento psicológico, corresponsabilidad familiar y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personal docente.
El dictamen contempla acciones de prevención y seguimiento del acoso y la violencia escolar, atención psicológica, igualdad sustantiva, masculinidad corresponsable y mayor participación de madres, padres y tutores. Su aplicación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a las adecuaciones normativas correspondientes.
La presidenta de la Comisión, diputada Maribel del Rosario Chuc Ayala, de Morena, señaló que las reformas buscan proporcionar mayores herramientas a las comunidades escolares y fortalecer la capacitación docente, así como la atención psicológica y jurídica para estudiantes y personal educativo. También destacó los avances en capacitación sobre neurodivergencia y la estrategia Aliados por la Vida, enfocada en protocolos de atención, detección de señales de alerta y prevención de riesgos psicoemocionales.
El diputado José Julián Bustillos Medina, de Morena, consideró necesario ampliar progresivamente el acompañamiento psicológico para niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, los diputados Ana Cristina Polanco Bautista y Rafael Gerardo Montalvo Mata, del PAN, resaltaron la coordinación interinstitucional y las aportaciones de distintas bancadas. La diputada Clara Paola Rosales Montiel, de Morena, destacó los mecanismos de atención psicosocial y jurídica, protección del personal docente y participación de las familias.
Las diputadas Zhazil Leonor Méndez Hernández, María Teresa Boehm Calero e Itzel Falla Uribe, del PAN, coincidieron en la importancia del trabajo conjunto en favor de la comunidad escolar.
El dictamen también contempla el debido proceso y la presunción de inocencia para el personal docente en procedimientos administrativos, además de mecanismos de protección ante amenazas o riesgos para su integridad.
Tras la aprobación, la presidencia instruyó a la Secretaría General recabar las firmas correspondientes y distribuir el documento entre las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, para continuar con el proceso legislativo.
