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MÉRIDA, YUCATÁN.— La aprobación de los nuevos Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Mérida generó un nuevo punto de confrontación en el Cabildo, luego de que la bancada de MORENA, respaldada por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), votara en contra del acuerdo al advertir posibles inconsistencias en su sustento jurídico.
Los documentos contemplan el Centro Histórico, Circuito Colonias, Zona Norte, Poniente Interior y Poniente Periurbano, pero, de acuerdo con el regidor Adrián Gorocica Rojas, su aprobación se estaría realizando cuando todavía se encuentra vigente el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) 2017.
Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, el edil solicitó aplazar la discusión y votación de los planes, hasta que concluya el proceso de inscripción del nuevo PMOTDU 2025-2030 ante el Registro Público de la Propiedad y éste adquiera plena vigencia jurídica.
Gorocica Rojas sostuvo que los planes parciales fueron elaborados bajo el marco del nuevo programa municipal, pero éste todavía no entra formalmente en vigor. Por ello, consideró que aprobarlos antes de que concluya dicho procedimiento podría abrir la puerta a controversias legales y afectar posteriormente diversos trámites y actuaciones de dependencias municipales.
Entre las áreas que, según el regidor, podrían enfrentar contingencias se encuentran la Dirección de Desarrollo Urbano, la Tesorería y el Catastro Municipal, debido a que tendrían que aplicar instrumentos cuya relación con el ordenamiento territorial vigente podría ser cuestionada.
El representante de MORENA también cuestionó la intención de resolver la situación mediante disposiciones transitorias. Señaló que un artículo de este tipo no sustituye la necesidad de que los planes parciales tengan como fundamento el instrumento de ordenamiento territorial que legalmente se encuentre vigente al momento de su aprobación.
Uno de los puntos señalados fue el Séptimo Transitorio del acuerdo, mediante el cual se establece que los trámites iniciados antes de la entrada en vigor de los nuevos planes deberán resolverse conforme a la normativa anterior.
Para Gorocica Rojas, esta disposición resulta relevante porque reconoce que existe un periodo de transición y que el marco anterior continúa teniendo efectos jurídicos mientras entra en vigor el nuevo instrumento.
A ello sumó otra interrogante: qué PMOTDU sirvió de referencia para las consultas públicas realizadas durante el proceso de elaboración de los planes parciales, si el correspondiente a 2017 o el proyectado para 2025-2030.
El regidor advirtió que esta situación debe ser aclarada, pues, de existir alguna inconsistencia en el procedimiento, podría convertirse en otro elemento de controversia y poner en riesgo los recursos públicos y el trabajo técnico invertido en la elaboración de los documentos.
“No ponemos en duda la capacidad técnica ni el valor urbano de los programas y su necesidad; lo que exigimos es certeza jurídica para el ayuntamiento y para cualquier persona que realice un trámite en la ciudad”, afirmó Gorocica Rojas.
El edil sostuvo además que aprobar los instrumentos de manera apresurada podría derivar en impugnaciones que eventualmente afectarían la aplicación de los propios planes, situación que, dijo, también debe analizarse a la luz de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Desarrollo Urbano.
La postura de MORENA, PT y PVEM, precisó, no implica rechazar la necesidad de actualizar la planeación urbana de Mérida, sino diferir la aprobación hasta que exista claridad sobre el marco jurídico aplicable.
Gorocica Rojas reiteró que el PMOTDU fue ratificado el pasado 22 de agosto, pero todavía debe concluir su proceso de inscripción para adquirir plena validez legal.
La bancada plantea que, una vez concluido ese procedimiento, el Ayuntamiento pueda someter nuevamente a consideración los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y contar con instrumentos cuya aplicación tenga un sustento jurídico definido, particularmente para los trámites que deberán realizar ciudadanos, desarrolladores y las propias dependencias municipales.
