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El Gobierno de Yucatán dio a conocer el expediente completo del proyecto inmobiliario «Las Dunas», ubicado en Chuburná, municipio de Progreso, y reiteró que la conservación del patrimonio natural del estado prevalecerá sobre cualquier interés particular. Además, confirmó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya realizan una revisión integral del caso.
Durante la conferencia matutina encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, presentó la documentación oficial del proyecto y explicó que los dictámenes estatales establecen la conservación obligatoria de 58 mil 740 metros cuadrados del predio, equivalentes a más de la mitad de su superficie.
De esa extensión, 55 mil 305 metros cuadrados corresponden a humedal costero y 3 mil 435 metros cuadrados a Zona Federal Marítimo Terrestre, áreas que deben permanecer libres de ocupación. Asimismo, recordó que los manglares existentes cuentan con protección conforme a la NOM-022-SEMARNAT-2003.
La funcionaria explicó que la Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) es un dictamen técnico que evalúa la compatibilidad urbana y ambiental de un proyecto, mientras que la capacidad de carga determina el nivel de desarrollo que un predio puede soportar de acuerdo con sus condiciones territoriales y ambientales.
También aclaró que la FUA no representa una licencia de construcción ni autoriza por sí sola el inicio de las obras, ya que la autorización en materia de impacto ambiental corresponde exclusivamente al Gobierno Federal mediante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), evaluada por la Semarnat.
Como parte de la cronología del expediente, se informó que el dictamen FUA 186/2023 fue emitido en abril de 2023 durante la administración estatal anterior.
Posteriormente, el Ayuntamiento otorgó la licencia de uso de suelo en febrero de 2024 y, en noviembre del mismo año, el Instituto para el Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT) ratificó la factibilidad del proyecto, manteniendo las mismas condicionantes ambientales.
Asimismo, se detalló que la Semarnat rechazó una primera Manifestación de Impacto Ambiental en diciembre de 2023, aunque posteriormente emitió una autorización condicionada en abril de 2025, lo que confirma que la resolución definitiva en materia ambiental ha sido y continúa siendo competencia exclusiva de la autoridad federal.
Ante las inquietudes expresadas por la ciudadanía, el Gobierno del Estado informó que desde el 25 de julio solicitó formalmente a la Semarnat y a la Profepa verificar el cumplimiento de las autorizaciones del proyecto, además de entregar toda la información técnica disponible.
Como resultado de esas acciones, la Profepa decretó la clausura temporal total de las obras el pasado 2 de agosto, luego de detectar afectaciones a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT y presuntos incumplimientos a las condicionantes ambientales. Paralelamente, la Semarnat mantiene una revisión integral de la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto.
Durante su intervención, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo que el proyecto debe ser evaluado con criterios técnicos y conforme a la legislación vigente.
«El proyecto debe revisarse técnicamente y debe procederse conforme al deber ser. La protección de la costa está por encima de cualquier proyecto particular», afirmó.
Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró que continuará dando seguimiento al cumplimiento de las condicionantes ambientales, colaborará con las autoridades federales y con el Ayuntamiento de Progreso dentro de sus respectivas competencias, y mantendrá a disposición de la ciudadanía y de los medios de comunicación el expediente completo del proyecto, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del patrimonio natural de Yucatán
