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MÉRIDA, Yucatán. El Movimiento Antorchista en Yucatán expresó su preocupación por la controversia en torno al proyecto inmobiliario que se desarrolla en las dunas de Chuburná Puerto, al considerar que este caso refleja un modelo de desarrollo que privilegia intereses económicos sobre la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.
La organización señaló que las dunas costeras representan un ecosistema estratégico, ya que funcionan como barrera natural frente a huracanes, marejadas ciclónicas e inundaciones, además de reducir la erosión de las playas y servir como hábitat para diversas especies. En ese contexto, recordó que organizaciones ambientalistas, especialistas y habitantes de la zona han manifestado inquietud por las posibles afectaciones derivadas del avance de desarrollos inmobiliarios en el área.
La vocera del Movimiento Antorchista en Yucatán, Edna Hernández, afirmó que la situación trasciende el ámbito ambiental y evidencia la manera en que se toman decisiones sobre el uso del territorio.
Indicó que cuando los intereses económicos de particulares prevalecen sobre el interés colectivo, las principales consecuencias recaen en las familias trabajadoras, por lo que consideró que no puede hablarse de desarrollo si éste implica la destrucción del patrimonio natural y un incremento en la vulnerabilidad de las comunidades costeras.
Asimismo, sostuvo que el crecimiento económico debe estar acompañado de una planeación que priorice el bienestar social y no únicamente la rentabilidad de grandes proyectos privados. En ese sentido, subrayó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que toda inversión cumpla con la normatividad ambiental y respete los derechos de la población.
Edna Hernández también advirtió que los impactos del deterioro ambiental afectan con mayor intensidad a las familias de menores ingresos, debido a que enfrentan mayores riesgos durante la temporada de ciclones y cuentan con menos recursos para hacer frente a inundaciones, erosión costera o la pérdida de sus medios de subsistencia.
La dirigente señaló que en México persiste un modelo donde las ganancias se concentran en unos cuantos, mientras que los costos sociales y ambientales son asumidos por la población, una situación que, afirmó, también se refleja en Yucatán y debe modificarse para proteger la riqueza natural del estado.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades ambientales federales y estatales para que las investigaciones derivadas de las denuncias ciudadanas se desarrollen con transparencia, rigor técnico y apego a la ley, privilegiando el interés público.
Como parte de su posicionamiento, la vocera concluyó que la protección del medio ambiente debe fortalecerse mediante la participación ciudadana y la organización social, con el propósito de impulsar políticas públicas que aseguren un desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio natural para las futuras generaciones
