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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó este lunes la clausura temporal total de 17 polígonos que abarcan una superficie de 130.8 hectáreas dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, como parte de un operativo coordinado con autoridades federales y el Gobierno del Estado de Yucatán.
La intervención se llevó a cabo en ejercicio de las facultades de la autoridad ambiental federal y contó con un amplio despliegue de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán participó con 357 elementos para brindar apoyo operativo y garantizar el orden durante la diligencia. A ellos se sumaron 15 inspectores de la Profepa, 35 integrantes de la Guardia Nacional y 30 elementos de la Secretaría de Marina, para un total de 437 servidores públicos que actuaron de manera simultánea en toda la superficie inspeccionada.
De acuerdo con la Profepa, en los terrenos clausurados se promovía y comercializaba la venta de lotes correspondientes a los desarrollos denominados «San Josué» y «Martha Elena», ubicados dentro de un Área Natural Protegida federal, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental ni con el permiso de cambio de uso de suelo forestal que exige la legislación vigente.
Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar, antes de realizar cualquier operación de compraventa, si el predio se encuentra dentro de un Área Natural Protegida y si el desarrollo inmobiliario dispone de las autorizaciones ambientales correspondientes. Indicaron que esta información puede consultarse de manera gratuita tanto en la Profepa como en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, como una medida para proteger el patrimonio de las familias frente a la comercialización irregular de terrenos.
La Reserva de la Biosfera Ría Celestún representa uno de los humedales más importantes del país y posee reconocimiento internacional por su riqueza ambiental. En ella se desarrollan actividades económicas como la pesca ribereña y el turismo, además de albergar ecosistemas de manglar y sitios de anidación de gran relevancia ecológica, por lo que su conservación es una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno.
El Gobierno del Estado informó que su participación en el operativo estuvo enfocada en garantizar la seguridad del personal involucrado, preservar el orden público y proteger la integridad de la población durante el desarrollo de la diligencia, la cual concluyó sin incidentes gracias a la coordinación entre las distintas corporaciones.
Asimismo, el Gobierno del Renacimiento Maya reiteró su compromiso con un modelo de desarrollo ordenado, sustentable y apegado al marco legal, que otorgue certeza jurídica a las familias yucatecas y a quienes impulsan proyectos conforme a la normatividad vigente, respetando las atribuciones de cada nivel de gobierno.
Finalmente, se destacó que tanto el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como el Gobierno del Renacimiento Maya, liderado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, mantienen una coordinación permanente para fortalecer la aplicación de la ley, proteger las Áreas Naturales Protegidas y consolidar el Estado de Derecho en Yucatán. Como resultado de esta acción, las 130.8 hectáreas intervenidas en Celestún permanecerán bajo clausura temporal total por determinación de la autoridad federal.
