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El Gobierno del Estado de Yucatán y los ayuntamientos de Izamal y Progreso firmaron convenios de colaboración administrativa en materia de impuesto predial, con el objetivo de fortalecer las finanzas municipales, ampliar la capacidad de inversión en infraestructura y servicios públicos, y facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus contribuciones mediante sistemas de pago más ágiles, modernos y accesibles.
El acto fue encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien destacó que la incorporación de ambos municipios a la Estrategia Estatal para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales permitirá aprovechar la infraestructura tecnológica, jurídica y operativa de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), sin afectar la autonomía de los gobiernos municipales.
Durante su intervención, el mandatario estatal afirmó que una mejor recaudación se traduce en mayores beneficios para la población.
“Este convenio significa más recursos para atender lo que las familias necesitan todos los días: calles en mejores condiciones, alumbrado público, parques, mercados, limpieza e infraestructura. Recaudar mejor es servir mejor a la gente”, expresó.
Díaz Mena explicó que estos acuerdos también permitirán a Izamal y Progreso acceder al 30 por ciento del componente de crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, lo que representa una mayor captación de recursos federales para ejecutar obras y acciones en beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, señaló que ambos municipios toman una decisión responsable al fortalecer sus finanzas públicas y reiteró que el Gobierno del Renacimiento Maya continuará respaldando a las administraciones municipales interesadas en sumarse a esta estrategia de coordinación institucional, uso eficiente de los recursos y transparencia.
El gobernador recordó además que recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció a Yucatán como el primer lugar nacional en desempeño del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
Por su parte, el director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), Mario Can Marín, explicó que la estrategia pone al servicio de los municipios la capacidad técnica y tecnológica del Estado para que cada peso recaudado se refleje en más obras, mejores servicios y mayor bienestar para las familias yucatecas.
Precisó que el impuesto predial constituye una de las principales fuentes de ingresos propios de los ayuntamientos y subrayó que, con estos convenios, los municipios conservarán plenamente sus facultades para establecer valores catastrales, tarifas, descuentos y estímulos fiscales, al tiempo que contarán con una plataforma moderna que reduce costos administrativos y facilita el pago de las contribuciones.
El secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, destacó que este mecanismo fortalecerá la capacidad de los municipios para ofrecer mejores resultados a la ciudadanía mediante procesos administrativos más eficientes y una mayor capacidad de inversión en infraestructura y servicios públicos.
La presidenta municipal de Izamal, Melissa Puga Rodríguez, afirmó que el convenio permitirá responder con mayor oportunidad a las necesidades de la población, fortalecer los servicios públicos y simplificar los trámites para las y los contribuyentes.
Añadió que el impuesto predial representa una inversión directa en las comunidades, al traducirse en más obras, mejor infraestructura y mejores condiciones de vida para las familias.
En representación del Ayuntamiento de Progreso, el presidente municipal Erik Rihani González destacó que la coordinación con el Gobierno del Estado permitirá brindar una atención más eficiente a la ciudadanía, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aprovechar herramientas tecnológicas que modernizan la gestión municipal.
Al evento también asistió la directora general del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Dalia Isela Piña Alberto, quien participa en las acciones de coordinación que fortalecen la gestión catastral y brindan mayor certeza jurídica a las y los propietarios de inmuebles en el estado.
