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El Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) para permitir que taxis y vehículos de alquiler mediante plataformas tecnológicas puedan operar únicamente con seguro de daños a terceros, dejando atrás la obligación de contratar pólizas de cobertura amplia.
La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido del Trabajo (PT), Francisco Rosas Villavicencio, luego de recibir solicitudes de concesionarios y operadores del transporte público, quienes señalaron que el costo de los seguros de cobertura total representaba una carga económica considerable para continuar prestando el servicio.
Las reformas fueron avaladas por mayoría durante la sesión de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, así como de Puntos Constitucionales y Gobernación, realizada este jueves en el Congreso del Estado.
Entre los cambios aprobados destaca la modificación al artículo 54 de la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán, referente a las pólizas de seguro de las unidades de transporte.
La nueva disposición establece que todos los vehículos destinados al servicio de transporte deberán contar con una póliza vigente que proteja la vida, integridad física y bienes de operadores, pasajeros y terceros afectados, conforme a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado y demás normativas aplicables.
Asimismo, se precisa que si una unidad opera sin seguro vigente, las personas concesionarias serán responsables solidarias ante el Estado.
En el caso de las plataformas tecnológicas de transporte, las empresas de redes también asumirán responsabilidad solidaria cuando un vehículo preste el servicio sin contar con seguro vigente, debiendo responder ante usuarios y terceros por posibles responsabilidades civiles.
Las modificaciones también incluyen ajustes al artículo 122, incorporando los conceptos de “financieramente viable” y “socialmente rentable”, con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad y rentabilidad social del sistema de transporte público en Yucatán.
Finalmente, se instruyó a la Secretaría General realizar una revisión integral del dictamen para efectuar ajustes de técnica legislativa y otorgar mayor claridad jurídica a las reformas aprobadas.
El legislador petista afirmó que estos cambios buscan crear un marco legal más accesible y funcional, garantizando tanto los derechos de los usuarios como la operación de quienes brindan el servicio de transporte en la entidad.
