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El Ayuntamiento de Mérida emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar un posible esquema fraudulento relacionado con el pago del impuesto predial mediante el uso indebido de tarjetas bancarias presuntamente clonadas.
La directora de Finanzas y Tesorería Municipal, Marisol Cen Caamal, informó que la administración municipal, en coordinación con la Dirección de Gobernación, ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.
De acuerdo con la información preliminar, personas ajenas al Ayuntamiento ofrecen a contribuyentes supuestos descuentos especiales para liquidar el predial. Para ello, solicitan pagos en efectivo directamente a terceros y posteriormente realizan el trámite utilizando tarjetas bancarias presuntamente clonadas o medios de pago irregulares. Finalmente, entregan al ciudadano un recibo oficial como comprobante del impuesto cubierto.
La funcionaria aclaró que el Ayuntamiento de Mérida no ha sufrido afectaciones patrimoniales directas, ya que el posible fraude estaría relacionado con el uso ilegal de instrumentos bancarios y daños a los titulares de las tarjetas utilizadas.
Asimismo, reiteró que el gobierno municipal no autoriza intermediarios, gestores externos ni promociones distintas a los programas oficiales previamente aprobados y difundidos por la autoridad municipal.
Marisol Cen Caamal exhortó a la población a efectuar sus pagos únicamente mediante los canales oficiales del Ayuntamiento, ya sea en cajas autorizadas o a través del portal institucional, evitando entregar dinero en efectivo a personas que prometan beneficios fuera de los esquemas oficiales.
El Ayuntamiento también recordó que los pagos digitales deben realizarse exclusivamente en el sitio oficial del municipio y pidió a la ciudadanía reportar cualquier situación sospechosa relacionada con trámites fiscales o cobros indebidos.
Finalmente, la administración municipal refrendó su disposición de colaborar con las autoridades correspondientes para prevenir posibles actos ilícitos y salvaguardar la seguridad financiera y patrimonial de las y los meridanos.
