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El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades de los tres órdenes de gobierno, concretó el retiro total de los cerdos de la granja porcícola ubicada en la comunidad de Santa María Chí, perteneciente al municipio de Mérida.
Las autoridades señalaron que esta acción representa un avance importante en la atención de una problemática ambiental y social que durante varios años afectó a habitantes de la zona y al entorno natural de la comunidad.
Como parte de las medidas para reforzar la regulación de la actividad porcícola en Yucatán, la SDS, la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmaron en febrero pasado un Convenio Específico de Coordinación enfocado en fortalecer la gestión integral y sustentable de la evaluación de impacto ambiental relacionada con la instalación y operación de granjas porcícolas en el estado.
De acuerdo con las autoridades, este acuerdo busca proteger el derecho de la población a un medio ambiente sano, mediante mecanismos de coordinación técnica entre dependencias estatales y federales especializadas en la evaluación de los impactos ambientales generados por esta actividad productiva.
La SDS informó que, dentro de las acciones implementadas, se llevaron a cabo procedimientos de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental, además de la aplicación de medidas correctivas y sanciones administrativas por irregularidades detectadas en el manejo de residuos.
Asimismo, se ejecutaron medidas de seguridad para garantizar el cumplimiento de resoluciones judiciales y reducir posibles afectaciones al medio ambiente derivadas de la operación de la granja.
La dependencia estatal también mantuvo coordinación permanente con autoridades federales y municipales para dar seguimiento a las resoluciones emitidas por instancias jurisdiccionales y supervisar el cese de operaciones de la granja porcícola.
Finalmente, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la protección ambiental, la salud de las comunidades y el cumplimiento de la ley, privilegiando el diálogo, la coordinación institucional y el bienestar de las y los yucatecos
