0
0
Mérida, Yucatán; 4 de marzo de 2026.– El maestro y activista nativo Juan Alberto Baas Tec informó que este miércoles fue presentado —o quedaría formalmente interpuesto en el transcurso del día— un recurso ante la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de la resolución emitida por el tribunal local que dio por cumplida la sentencia relacionada con la creación de la Defensoría Pública Electoral en Yucatán.
De acuerdo con Baas Tec, el inconformidad surge luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) informara que la Defensoría sería instalada hasta septiembre de 2026. Pese a que no se estableció una fecha exacta y considerando la cercanía de los próximos procesos electorales, el tribunal local tuvo por cumplida la sentencia únicamente con ese aviso.
“Estamos inconformes porque el tribunal local dio el asunto por cumplido solo con el informe de que se instalará en septiembre. No podemos permitir que se instale a unos días de la elección, porque no nos daría tiempo de actuar ante cualquier irregularidad”, expresó el maestro, quien advirtió sobre el riesgo de que se concrete lo que calificó como una posible “chicanada” institucional.
El recurso turnado a la Sala Regional de Xalapa busca que la instancia federal emita una instrucción clara para que la Defensoría Pública Electoral entre en funciones de manera inmediata, a fin de garantizar el derecho a una defensa adecuada y oportuna.
Los promoventes sostienen que posponer su apertura hasta septiembre coloca en desventaja a ciudadanos y comunidades que pretendan impugnar actos o resoluciones en materia electoral, al limitar el acceso a una representación técnica especializada en tiempo oportuno.
Tras conocer el acuerdo fechado el pasado 28 de febrero, el grupo encabezado por Baas Tec determinó acudir a la instancia federal. Confían en que, una vez que la Sala Regional emita su resolución, podrán ofrecer una nueva rueda de prensa para informar sobre los alcances del fallo y definir las acciones legales a seguir.
El activista subrayó que esta defensa no solo busca proteger los derechos del grupo que representa, sino también los derechos político-electorales de la comunidad nativa en Yucatán, señalando que, en su caso particular, no se les permitió participar en lo que consideran una legítima aspiración de involucrarse en la vida pública y administrativa del estado, así como en la construcción de equilibrios sociales más justos.
