0
0
Representantes de organizaciones indígenas mayas alzaron la voz este 13 de febrero para denunciar lo que calificaron como una “omisión autoritaria” del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), al no poner en funcionamiento la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, a pesar de existir una sentencia judicial firme y presupuesto aprobado desde 2023.
Durante una concurrida rueda de prensa, las y los dirigentes indígenas exigieron que el IEPAC acate la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, que ordenó crear y poner en marcha dicho órgano para garantizar el acceso efectivo a la justicia electoral de los pueblos originarios.
La exigencia deriva del juicio ciudadano identificado como expediente JDC-059/2025, promovido por 21 integrantes de la comunidad maya tras los procesos electorales de 2018 y 2021, en los que denunciaron exclusión, simulación de candidaturas indígenas y usurpación de identidades por parte de partidos políticos.
Entre los promoventes se encuentran Juan Efraín Miranda Ontiveros, Silvia Engracia Chan Nieves, Juan Alberto Baas Tec y Hilda Mirna Díaz Caballero.
“NO QUEREMOS UNA DEFENSORÍA DE PAPEL”
Los promoventes leyeron un pliego de 15 puntos, del cual subrayaron cuatro exigencias clave para que la Defensoría tenga un impacto real y no sea una figura decorativa:
1.- Representación auténtica
Que el titular y el personal defensor sean de origen maya y preferentemente mayahablantes, para asegurar una comunicación directa con las comunidades.
2.- Transparencia y vigilancia ciudadana
Creación de una comisión de vigilancia con participación social para fiscalizar el funcionamiento del organismo.
3.- Autonomía de gestión
Rechazo a que el IEPAC nombre a su propio personal como defensores, para evitar conflictos de interés y asegurar independencia.
4.- Criterios de idoneidad
Exigencia de perfiles con trayectoria en la lucha social, sin que los cargos se conviertan en premios políticos para exfuncionarios.
CRÍTICAS AL CONGRESO Y A LAS “ACCIONES AFIRMATIVAS”
Los voceros también cuestionaron la actuación del Poder Legislativo, señalando que, aunque existen diputados que se ostentan como indígenas, no han logrado traducir esa representación en derechos constitucionales permanentes.
Denunciaron que las llamadas “acciones afirmativas” son temporales, caducan cada tres años y no resuelven el problema de fondo. Además, reprocharon que el Congreso no ha sido claro en identificar a legisladores que pudieran estar ocupando curules indígenas de manera irregular.
“¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?”
El IEPAC ha justificado el retraso alegando recortes presupuestales, pero los representantes mayas refutaron ese argumento recordando que el Decreto 655-2023 asignó recursos específicos para la Defensoría y que en 2025 y 2026 sigue sin operar.
“Si el dinero ya fue aprobado, ¿dónde está ese dinero?”, cuestionaron públicamente.
Recordaron que la sentencia del TEEY, emitida el 29 de agosto de 2025, determinó que la ausencia de la Defensoría vulnera los derechos políticos de la población maya, que representa el 62 % de la población de Yucatán, y se encuentra en una situación histórica de desventaja.
NO SE DETENDRÁN HASTA QUE EXISTA
Los pueblos mayas advirtieron que no bajarán la presión legal y social hasta que la Defensoría sea una institución real, física y operativa antes del próximo proceso electoral.
A la conferencia asistieron, además de los promoventes:
Iván Pereira Gamboa, del Supremo Consejo Maya; Jenny Martín, integrante de un colectivo ciudadano; Juan Miranda Ontiveros, representante del Movimiento Indígena; Pilar Ramírez Villanueva, enlace y promotora de la Defensoría Pública Electoral; Jazmín España, del Movimiento de Comunidades Indígenas, y la Maestra Hilda Mirna Díaz Caballero, también enlace de la Defensoría, entre otros integrantes de organizaciones indígenas.
